Primera ‘desprivatización’: dos clínicas del grupo Quirón saldrán del Catsalut

Comín se había comprometido a no contratar servicios con ánimo de lucro

El conseller Antoni Comín explicó sus planes en la comisión de Salut del Parlament (Kim Manresa - LV)

12/02/2016

El conseller Antoni Comín anunció ayer a la comisión de Salut del Parlament que el 22 de febrero saldrían del Siscat –el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya– la clínica del Vallès y el hospital General de Catalunya, dos centros sanitarios privados con ánimo de lucro que actualmente pertenecen al grupo Quirón. Es el primer cumplimiento de los pactos con la CUP de no contratar servicios sanitarios públicos con entidades privadas con ánimo de lucro (Una gran parte del sistema está basado en entidades privadas, pero sin ánimo de lucro).

Ambos centros tienen un contrato hasta agosto con el Servei Català de la Salut para atender intervenciones extraordinarias con el objetivo de reducir listas de espera, pero no estaban integrados en la organización de la asistencia ordinaria. La exclusión cumple lo prometido, pero no excluye que puedan ser contratados de nuevo sus servicios. La Clínica del Vallés, por ejemplo, se ocupó en 2014 de 2.573 intervenciones públicas, y el General de Catalunya, de 636. Presumiblemente, esa demanda la atenderá ahora el Parc Taulí y algún otro centro público.

Sagrat Cor sigue de momento.

Gestionado por Quirón pero propiedad de la aseguradora Divina Pastora, “es un caso más complicado que hay que estudiar en profundidad”, dijo el conseller. Para empezar, porque siempre ha pertenecido a la red pública y se ocupa de una parte de la población de Barcelona. Y porque su concierto es a más largo plazo y la indemnización sería cuantiosa. Para cumplir el compromiso de desprivatizar también en este caso se baraja la posibilidad de llevar los 14.000 pacientes públicos que atiende al año a los hospitales próximos e indemnizar a Quirón por la pérdida. Pero los centros cercanos, Clínic y Platón, están a tope y no admiten más pacientes. También se baraja la posibilidad de entregar la gestión de esos pacientes del Sagrat Cor a un “operador público”, en palabras de Comín, que podría ser el Clínic.

La actividad privada es buena en los centros de la red pública, defendió el conseller, porque permite abonar la paga de Navidad en muchos centros. Siempre que cumpla con las reglas éticas básicas de no mezclar las listas de espera públicas y privadas. “Es un debate con una controversia ética profunda”, dijo Comín a la comisión. También se comprometió a un nuevo modelo de contratos y a que las derivaciones de pacientes públicos a servicios privados serían objeto de análisis y evaluación. “Clarificaremos para que no haya confusión ni opacidad”.

Una nueva ley de Salud y Social de Catalunya será la principal actuación “del proceso constituyente en materia sanitaria”. La universalidad del sistema, que nadie pueda quedar excluido como ha pasado con el real decreto de Rajoy, “estará así blindada”, explicó el conseller. La norma incluirá el término social porque la actividad de estos 17 meses de gobierno que quedan se dedicará especialmente a la lucha contra la desigualdad. En las listas de espera, por ejemplo, anunció que además de priorizar por criterios clínicos, se tendrán también en cuenta criterios de vulnerabilidad social.

La asistencia primaria será el eje de ese sistema sanitario actualizado. Aunque es algo que se repite legislatura tras legislatura, Comín anunció el empoderamiento de la asistencia primaria con un plan estratégico que dé más autonomía de gestión y capacidad de compra a los CAP, porque son los que se ocuparán del mayor ámbito sanitario actual: los enfermos crónicos y la atención a domicilio.

900 millones de déficit y una infradotación crónica de 700 millones dan para pocas inversiones. Así que no dijo nada de recuperar salarios ni citó inversiones, pero sí prometió rescatar las competencias sobre ordenación profesional que permitirá crear un sistema de incentivos: “Porque a los profesionales sanitarios les gusta formarse y hacer investigación”.

El personal de L’Aliança aprova

el conveni per evitar acomiadaments

03-02-2016

El personal de L’Aliança aprova el conveni per evitar acomiadaments

Els treballadors de Clínica de Ponent, l’antiga L’Aliança, van aprovar en la jornada de votació d’ahir el nou conveni laboral adscrit al dels centres privats. En total, 115 treballadors van votar a favor del conveni i 75 ho van fer en contra. Tots els treballadors estaven cridats a votar, després que l’informe d’Inspecció de Treball conclogués que el cens de votants, motiu que havia impedit la celebració de la votació al desembre, havia d’incloure la totalitat de la plantilla.

A falta que el comitè d’empresa ratifiqui la votació en els propers dies, ja que és qui té potestat per fer-ho, el nou conveni planteja una “política continuista del projecte de la clínica garantint-ne la viabilitat a mitjà i llarg termini i amb el cent per cent de la plantilla”, va manifestar Carlos Tobar, gerent de la clínica.

D’aquesta manera, es tanca la incertesa de les últimes setmanes arran del possible acomiadament de 19 treballadors per assegurar la viabilitat del centre si no s’aprovava el nou conveni laboral. “Celebrem el resultat i l’alta participació, de gairebé el 95%, que demostra una confiança majoritària en el projecte”, va sentenciar Tobar. “Volem continuar sent un referent d’atenció privada a la província i posarem fil a l’agulla per buscar un nou operador”, va apuntar sobre la venda del centre.

Per la seua part, fonts de Comissions Obreres van denunciar que el nou conveni contempla condicions laborals menys beneficioses, suposa més hores de treball i, en cas de baixa laboral, es cobreix només el 75% del sou.